Las fracturas por fragilidad ósea representan un problema de salud pública creciente que, en la actualidad, no cuentan con los procedimientos adecuados de prevención, diagnóstico, valoración, intervención y seguimiento de los pacientes. En los últimos años, se ha producido un incremento en el número de fracturas, después de las cuales no se lleva a cabo una adecuada estrategia de prevención y tratamiento.
En España, disponemos de datos que confirman que la prescripción de tratamiento antiosteoporótico es muy baja (1,2). Esta crisis, iniciada por un decreciente número de prescripciones médicas tras una primera fractura, está provocando un cambio desde un enfoque centrado exclusivamente en la osteoporosis al resultado de su consecuencia, la fractura.
